Desde noviembre de 2024, los funcionarios adscritos a MUFACE han estado en vilo debido a la crisis en la cobertura sanitaria. La incertidumbre sobre la continuidad de los servicios médicos ha generado preocupación en este colectivo, que en los últimos meses ha visto cómo hospitales y clínicas dejaban de atenderlos o reduían su disponibilidad.
El ministro de Función Pública, Óscar López, ha pedido calma mientras se trabaja en una solución. En este contexto, Adeslas ha confirmado su participación en la nueva licitación, asegurando que mantendrá sus servicios más allá del 31 de marzo, hasta que se establezca un nuevo acuerdo.
Pero la realidad es que la tensión sigue en aumento. A lo largo de enero y febrero, miles de funcionarios han reportado la cancelación de citas médicas y dificultades para acceder a tratamientos en curso. Esto ha llevado a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, alegando una vulneración de derechos fundamentales.
Repercusiones y acciones en curso
Mientras el Gobierno trabaja en una solución definitiva, la Plataforma Sindical ha iniciado una serie de manifestaciones desde el 18 de febrero, previstas hasta el 18 de marzo, con el objetivo de «salvar MUFACE» y garantizar la asistencia sanitaria a 1,5 millones de beneficiarios.
La financiación ha sido uno de los puntos de mayor fricción en la negociación con las aseguradoras. En un intento por cerrar el conflicto, el Ejecutivo ha propuesto nuevas ofertas y una financiación adicional de 330,5 millones de euros, elevando el presupuesto total a 4.808 millones de euros. Sin embargo, algunas aseguradoras han manifestado que la cifra sigue siendo insuficiente para sostener el nivel de atención exigido.
Desde las asociaciones de funcionarios insisten en que la situación no es sostenible y que, si no se llega a un acuerdo en las próximas semanas, miles de personas podrían verse afectadas por la falta de atención sanitaria.
A estas alturas, la mejor recomendación para los funcionarios es mantenerse informados, revisar sus opciones y, si es necesario, consultar con asesores para evaluar alternativas en caso de que el conflicto se prolongue. Los próximos días serán clave para determinar el futuro del sistema sanitario de MUFACE y de los derechos de sus beneficiarios.
